SANTO DOMINGO (República Dominicana).- Tras acoger la solicitud del Ministerio Público, el Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional impuso medidas de coerción consistente en una garantía económica de RD$200 mil, presentación periódica e impedimento de salida del país contra la creadora de contenido Ingrid Altagracia Jorge Pérez, imputada de difamación e injuria a través de medios digitales y redes sociales.
La jueza Yanibet Rivas impuso las medidas de coerción con base en diferentes evidencias testimoniales, audiovisuales, documentales y periciales aportadas por la Procuraduría Especializada contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Pedatec), órgano del Ministerio Público a cargo de la investigación.
El Ministerio Público estableció que la señora Jorge Pérez incurrió en difamación e injurias públicas de manera sistemática a través de los medios electrónicos con el claro objetivo de desacreditar públicamente y afectar la honra personal y familiar de Faride Raful, actual ministra de Interior y Policía.
Entre los hechos cometidos por Jorge también se cita en la solicitud de medida de coerción que, a través de un programa matutino, el cual fue subido a la red social de Instagram, la imputada, sin ningún sustento probatorio, atribuyó a Raful una complicidad con delitos serios.
En el transcurso de la investigación el Ministerio Público obtuvo diferentes evidencias con las que confirmó la denuncia del caso al cual otorgó la calificación jurídica provisional de violación a los artículos 21 y 22 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, que tipifican la difamación e injuria pública por medios electrónicos, informáticos, telemáticos, de telecomunicaciones o audiovisuales.
Entre las evidencias se encuentran un informe técnico pericial y un análisis de informe de vídeo.
Los hechos también recibieron la calificación jurídica de violación al artículo 367 del Código Penal Dominicano que definen la difamación o injuria pública.
