Santo Domingo.– El dominicano Erick Randhiel Mosquea Polanco, señalado como principal imputado de la Operación Falcón y presunto líder de una organización internacional dedicada al narcotráfico y al lavado de dinero, fue extraditado desde Colombia hacia Estados Unidos.
Mosquea Polanco, de 45 años y conocido también como “Ramón” y “E”, fue detenido en Colombia en diciembre de 2024 a solicitud de las autoridades estadounidenses. Este miércoles fue trasladado a Puerto Rico, donde enfrenta cargos federales relacionados con el tráfico de cocaína.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que el dominicano compareció este jueves por primera vez ante un tribunal federal en Puerto Rico y posteriormente deberá presentarse ante la justicia del Distrito de Nueva Jersey, donde también enfrenta acusaciones por narcotráfico y lavado de dinero.
Según las autoridades estadounidenses, Mosquea Polanco habría encabezado una organización con base en República Dominicana que distribuyó más de 1,000 kilogramos de cocaína en Nueva Jersey, Nueva York y otras zonas entre 2020 y 2023. Durante las investigaciones también fueron incautadas decenas de kilogramos de cocaína y más de seis millones de dólares que, según los fiscales, estaban vinculados a las ganancias de la organización.
La Administración para el Control de Drogas (DEA) lo identificó como un objetivo prioritario regional y sostiene que la red que presuntamente dirigía extendía sus operaciones por Colombia, Venezuela, República Dominicana y Puerto Rico.
En República Dominicana, Mosquea Polanco es señalado como cabecilla de la estructura criminal desmantelada mediante la Operación Falcón, investigación que inició en 2021 contra una presunta red de narcotráfico y lavado de activos.
Las autoridades estadounidenses indicaron que, de ser declarado culpable de los cargos relacionados con narcotráfico, podría enfrentar una pena mínima de 10 años de prisión y hasta cadena perpetua por cada uno de esos delitos. El cargo de conspiración para el lavado de dinero contempla una pena máxima de 20 años de prisión.
La extradición fue posible mediante la cooperación entre autoridades de Estados Unidos y Colombia, incluyendo la DEA, el Servicio de Alguaciles de EE. UU. y la Policía Nacional de Colombia.